Los días menos felices, por Samantha San Romé

Los días menos felices

Para salir del sentido común que hoy nos adormece, propongo hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué es la felicidad en una sociedad como la nuestra? ¿Se puede ser feliz sin trabajo? ¿Hay merecedores y no merecedores de trabajo? ¿Qué es un ñoqui? ¿Cuántos hay realmente en el Estado? ¿Es lo mismo un ñoqui que un militante? ¿Acaso un militante no debe trabajar? ¿Es lo mismo un cargo político que un empleo? ¿Qué es el empleo público? ¿Quién lo merece y qué diferencia tiene con el empleo privado o independiente? ¿A dónde irán a buscar empleo los nuevos desocupados si existen cláusulas para no emplear personal en organismos estatales que hayan sido recientemente despedidos? ¿Cómo se justifica que se pidan concursos para puestos técnicos o administrativos mientras asumen funcionarios que no tienen nada que ver con la política ni han concursado para sus cargos? ¿Qué estaban haciendo todos aquellos hoy desempleados, en los cuales me incluyo? ¿Les importa?

Cuando cambia un gobierno, es esperable que cambien también algunos empleados y funcionarios –sobre todo aquellos que tienen cargos políticos dentro de los organismos estatales porque serán reemplazados por otros provenientes del partido electo-. Cuando esas bajas se realizan de a cien miles en apenas cuatro meses de gestión, la actitud pasa a ser una política de Estado digna de un proyecto neoliberal excluyente. En relación, se encuentra todo el conjunto de políticas económicas que se vienen desencadenando como el endeudamiento, la brutal devaluación, negociaciones con las grandes potencias y multinacionales, aumentos de precios en los servicios, quitas de subsidios, bajas de las retenciones, favoreciendo al sector financiero y agroexportador, entre otros.

Un artículo de Le Monde Diplomatique sostiene que: “de acuerdo a diferentes estimaciones, la cantidad total de empleados estatales en Argentina (tomando en cuenta, ahora sí, tanto a la Nación como a las provincias y municipios) se calcula en 3,7 millones, lo cual, considerando una Población Económicamente Activa (PEA) de 22 millones, arroja que cerca de un 17 por ciento de los argentinos que hoy trabajan lo hacen para el Estado. Esos valores demuestran que nuestro país no escapa a la media de la región, y que está por debajo de los países desarrollados como Noruega (donde la relación entre empleo público y fuerza de trabajo es del 34 por ciento), Dinamarca (32), Suecia (26), Francia (22), Canadá (20) y el Reino Unido (18).” Estos datos que pueden ampliarse rastreando la nota, demuestran que no hay un excedente de empleo público en comparación con los demás países del mundo y que el crecimiento de trabajadores estatales se dio de la mano de
un Estado que fue ampliando su rol, recuperando el trabajo mientras se generaron nuevas políticas públicas rescatando empresas que habían sido privatizadas en los años 90, como las AFJP, YPF, Conectar Igualdad, los Centros de Acceso a la Justicia, científicos repatriados, fuerzas de seguridad, docentes y demás ejemplos. “Un Estado más presente y más visible naturalmente requiere de más personal”. No es extraño, entonces, que un Estado que aspira a disminuir su participación en la economía, en la sociedad, en la cultura, tenga también una política de achicamiento del empleo público.

Pero para realizarlo, es necesario desarrollar las excusas suficientes para que sean aceptadas por parte de la sociedad ocultando la política de ajuste y disfrazándola de un acto heroico en el cual dejar personal en la calle no signifique desempleo sino justicia. Algunas de ellas fueron:

-“El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”. Gabriela Michetti.

– «No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis». Alfonso Prat Gay.

-“A esos argentinos que hemos encontrado escondidos, que no vienen pero cobran un salario, tienen que saber que van a tener un lugar. Tenemos que salir de estos modelos de abuso de lo que es de todos. Yo sueño con un país donde cada uno encuentre el lugar donde ser feliz”. Mauricio Macri.

Por otro lado, el empleo público se ha convertido en un significante negativo para cualquiera que no acceda al mismo por concurso público. Acá también cabe preguntarse ¿cuántos de los empleados públicos han entrado a sus puestos de trabajo por concurso? ¿Los nuevos empleados del actual gobierno están concursando para acceder a sus cargos y puestos? Los casos de concursos en el Estado son excepcionales en todos los gobiernos de la historia. Lo que ocurre es un menosprecio a aquellos empleados que accedieron a un puesto laboral en los años de kirchnerismo, asociando la militancia con el ocio o con una especie de “subsidio” para las agrupaciones políticas. Por supuesto que este prejuicio no hubiese resultado efectivo, si no fuera por la complicidad de los medios masivos de comunicación –los otros han sido censurados- y la herencia de una elite oligárquica que intenta perpetuar su hegemonía para conducir los destinos de la Patria y reproducir las desigualdades. Nada más alejado de la realidad, si tenemos en cuenta que la militancia de estos años se trató de la defensa de lo público y de un Estado inclusivo.

Por si los argumentos no alcanzan, los despidos son mínimamente ideológicos o, mejor dicho, personalizados. Mientras algunos se realizan a través de persecuciones y maltratos sólo comparables con las listas negras de las dictaduras; otros tienen que ver con personal barato para desemplear, personas mayores de edad obligadas a jubilarse o imposibilitadas a partir de una baja, empleados con menor antigüedad o simplemente aquellos que caen en la ruleta de “la revolución de la alegría”.

Los gobiernos populares tienen una concepción del Estado como motor generador de empleos y derechos en busca de construir una sociedad basada en la justicia social. Este rol del Estado que promovió el peronismo durante “los años más felices”, construyó una idea sólida en torno a la dignidad del trabajo para el crecimiento colectivo y de la Patria. Esta concepción se recuperó con Néstor y Cristina Kirchner a partir del 2003, años en los cuales el estado acrecentó el empleo, rescató las PYMES y abrió nuevas fábricas; creó universidades, escuelas, estatizó servicios, devolvió y construyó nuevos derechos. La historia de los países latinoamericanos demuestra que todos los intentos de gobiernos populares que han implementado medidas de distribución de la riqueza y mejoras para los trabajadores, han generado resentimiento y oposición en otra parte de la sociedad que se considera a sí misma merecedora de privilegios por la lógica del esfuerzo individual. Como si no haría falta un Estado presente y un país en crecimiento, para que ese esfuerzo individual tenga resultados materiales económicos concretos e indirectamente, justificando la idea de beneficios personales gracias a la diferencia social. Los trabajadores hoy despedidos, son consecuencia ideológica de una concepción del Estado distinta en la cual esa condición digna del trabajo es anulada porque ahora implica un gasto para un nuevo gobierno que achicará su participación en todos los ámbitos sociales dando paso libre al mercado, las multinacionales y las grandes potencias.

Samantha San Romé