Ayer el presidente Mauricio Macri, acompañado por el Ministro de Defensa Oscar Aguad y los jefes de las tres fuerzas anunció el plan que busca reformar las Fuerzas Armadas. La intención inmediata del Ejecutivo es enviar 500 efectivos a zonas de Salta, Formosa y Misiones e incorporar 5000 más de acá a un año e involucrar a las FFAA en la seguridad interior.
Estas modificaciones exigirían la modificación de las tres leyes que establecen límites al accionar de las fuerzas armadas; hablamos de las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. En particular, existe la posibilidad de que el Gobierno modifique el Decreto 727/2006 llevado adelante por Néstor Kirchner y que reglamenta la Ley de Defensa Nacional limitando el empleo de Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo siempre y cuando éstas sean perpetradas por otros Estados. No queda del todo claro si éstas reformas tendrán debate en el Congreso o serán ratificadas vía Decreto.
A tan solo un día de la visita de la titular del FMI Christine Lagarde y de su discurso ante el plenario del G-20, en el que buscó transmitir tranquilidad acerca del estado de las finanzas del país y del ajuste en el que se embarcará para recibir en septiembre a la primera misión con gran parte de los deberes hechos, estos anuncios no pueden más que despertar alerta entre quienes defendemos los derechos de nuestro Pueblo.
Mientras Aguad y sus asesores militares agitan el fantasma del Hezbollah y del narcoterrorismo en la triple frontera, la experiencia histórica de países como México o Colombia nos muestra los riesgos de asumir estás políticas. Hacia el año 2006, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón decidió sumar a las fuerzas armadas a la lucha con el narcotráfico. El saldo entre 2006 y 2017 fue de 234 mil asesinatos tanto de narcotraficantes, como de militares y civiles inocentes y graves violaciones a los Derechos Humanos con el agravante de no haber podido modificar sustancialmente el equilibrio de poder con el narcotráfico.
Si bien hoy difícilmente podemos vincular a quienes hoy detentan altos cargos en las FFAA con las épocas de la Dictadura Militar, no por eso debemos dejar de alertar que el peligro que implica otorgarles facultades extraordinarias de seguridad interior en un contexto donde la conflictividad social está a la orden del día, producto del espectacular ajuste que viene realizando la Alianza Cambiemos desde que accedió al Gobierno. Éstas políticas son una prueba más del alineamiento incondicional con la agenda de seguridad de EEUU en el mundo.
Que no nos sorprenda que cuando se hable de “modernizar” a las FFAA la compra de armamento la provean las grandes corporaciones de la industria militar internacional y que la “capacitación” esté a cargo de expertos vinculados a las FFAA de EEUU.
Se cierne una amenaza real para los sectores populares a través de la creación de un “enemigo interior” y del señalamiento de la protesta social como un mal a ser acallado a través de la represión lisa y llana de todo aquel que cuestione las políticas de la Alianza Cambiemos. Desde la Juventud Peronista ratificamos nuestro compromiso con nuestro Pueblo y rechazamos de plano éstas iniciativas que esconden más represión hacia los que menos tienen.
Sebastián García
Secretario de la JP Chivilcoy