Luego de la escandalosa sesión del Concejo Deliberante de mediados de junio, cuando el oficialismo y Cambiemos impidieron el tratamiento de varios proyectos presentados por la oposición en el recinto, el pasado jueves se trabajó en Comisión sobre dos de esos proyectos, que buscan dar respuestas a víctimas de violencia de género.
En medio del debate sobre el aborto en el Congreso Nacional y de un exponencial crecimiento del movimiento feminista, que ha logrado ir visibilizando muchísimas demandas históricas de las mujeres, poniéndolas en el foco de atención, a nivel local, Unidad Ciudadana recoge el guante e intenta abordar la cuestión de género dando el debate político e ideológico en el Concejo Deliberante y con fuertes críticas al gobierno municipal en cabeza de Guillermo Britos.
Fernando Poggio / Constanza Alonso
Sobre el proyecto que busca que las trabajadoras municipales puedan acceder a una licencia especial en caso de ser víctimas de violencia de género, Constanza Alonso expresó: “Observamos que el estatuto municipal aprobado en el año 2016 omitía en su articulado esta licencia que sí contempla la ley provincial. Esto impulsó la presentación de este proyecto, entendiendo que nombrar el motivo, reconocerlo como parte de las situaciones que atraviesa la vida de una trabajadora, mueve al Estado municipal de un rol de espectador hacia el ser responsable. Hoy las víctimas se encuentran obligadas a asistir a sus trabajos y sino a presentar certificaciones que omiten el motivo real.”
En este sentido, Carolina Di Napoli manifestó: “Las víctimas por violencia género tienen derecho a un plus de garantías por parte de las instituciones y el Estado en su conjunto, que reasegure su contención, su rearmado social, familiar y las atenciones necesarias que acompañen su proceso de empoderamiento, tras el impacto que provoca la violencia cuando irrumpe en la vida de una mujer y esto debe reglamentarse para que sea real y se concrete”.
Al respecto, Constanza Alonso agregó: “Lo realmente preocupante es que varias voces del oficialismo y sus adherentes observan que reconocer la licencia podía ser un posible “gasto” para el Municipio. El sueldo de una trabajadora que ya está contemplado en el presupuesto no es un gasto extra. Y sobre todo cuando sabemos que ese sueldo garantiza la supervivencia de esa mujer víctima y de su familia, que puede ser el soporte para sostener el cese de la violencia porque le permite independencia económica. El problema no es económico, es ideológico y ese el desafío más grande para que salgan este tipo de legislaciones.”
El segundo proyecto, presentado conjuntamente con el Bloque PJ Cumplir, busca que aquellas personas que hayan ejercido violencia de género y tengan medidas judiciales dictadas que así lo comprueben, no puedan acceder a cargos de funcionarios políticos en Chivilcoy, considerando una serie de mecanismos internos para adecuar y poder llevar esta definición adelante.
Al respecto Fernando Poggio dijo que “Esto abrió un gran debate, pero el objetivo fundamental que perseguimos es convocar a toda la clase política a comprometerse frente a toda la sociedad de Chivilcoy. Consideramos que aquellas personas que hayan ejercido violencia de género no pueden ser referencia social y política de la comunidad, y ese es el lugar que dan los cargos jerárquicos en el gobierno municipal”.
Carolina Di Nápoli
La Lic. Di Napoli complementó: “es fundamental que esta lucha impulse desde las representaciones institucionales. Trabajamos con compromiso para transformar las herramientas que sean necesarias para erradicar la violencia de género, porque sostenemos que el rol del Estado es ser protagonista, responsable y garante de los derechos”.
Los referentes de Unidad Ciudadana expresaron: “Creemos que reconocer la licencia por violencia de género a las trabajadoras municipales y no dar acceso a cargos de funcionarios a personas que hayan ejercido violencia de género, es un paso fundamental para avanzar en una agenda de Gobierno que centre su trabajo en la protección real y efectiva y no que quede en un relato o una mera enunciación de agrados o desagrados por parte de los ediles en una sesión.
Asumimos el compromiso de readecuar las normas locales porque es el rol que debemos ejercer, avanzamos en debates políticos e ideológicos porque vinimos a sostener esta posición y no otra, vamos a poner en el centro de la agenda de gobierno el trabajo y la construcción de políticas públicas y decisiones que sostengan la perspectiva de género como norte.”
Los proyectos volverán a ser tratados y se evaluará su pase a la próxima sesión. “queremos que se diga, si se va a estar del lado de las trabajadoras, de las víctimas o se va a seguir sosteniendo la invisibilidad, la pasividad de un gobierno municipal que no asume un verdadero compromiso, ni con programas de abordaje, ni con capacitación y fortalecimiento de equipos interdisciplinarios de profesionales, ni con inversión de recursos”, cerró Alonso.