Publicación pedida: ¡Digamos NO al recorte de pensiones por discapacidad!

Publicación pedida: ¡Digamos NO al recorte de pensiones por discapacidad!

El mes de junio nos recibe con una pésima noticia para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones por invalidez y aquellas personas que tienen un 76% de incapacidad: el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, comenzó a aplicar el decreto 432 que dictaminó en 1997 el ex-presidente Menem para sacar las pensiones graciables a las personas con invalidez y se encuentran en proceso de entrecruzamiento de datos para darlas de baja automáticamente. Una medida que afecta, según datos del centro CEPA a casi 83.000 personas y que destaca por ser violatoria de tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, desde el año 2014, tiene jerarquía de constitucional en nuestro país.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, afirmó en declaraciones radiales que “(…) en 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. (!) (…) Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, recalcó el funcionario y agregó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”. Nefasto.

¿Existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso, y si se producen rehabilitaciones del beneficio luego del reclamo de los beneficiarios? No, de hecho muchos beneficiarios se enteraron de la noticia en la propia ventanilla del banco, en el momento en el que debían cobrar.

A pesar de que desde el Ministerio a cargo de Stanley aseguran que “estamos ajustándonos a la ley”, y que “En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica.” Lo cierto es que en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones y que desde su cartera se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges percibían una pensión o jubilación, incluida si es la mínima. Además también sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000; Y, a pesar de los anuncios oficiales, los beneficiarios de las pensiones no contributivas han denunciado que desde comienzos de 2017 se han registrado suspensiones de manera masiva, unilaterales y sin derecho a defensa.

También argumentan: “si algún pensionado es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos.” Pero la realidad es bien distinta: De las 70.000 suspensiones que se habrían aplicado, solo el 30% llegaron a ser rehabilitadas, fundamentalmente porque la mayoría de las personas que acceden a las pensiones son personas de bajos recursos que no tienen las condiciones como para poder sostener en el tiempo sus reclamos. Además, aunque se trate de un simple error de sistema, las rehabilitaciones pueden llegar a tardar de 6 a 8 meses.

El Gobierno Nacional afirma que “El padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes.”

Pero entonces, ¿Por qué hace un año están paralizados los nuevos certificados de discapacidad? Y los motivos que argumentan desde el Gobierno son los mismos que utilizan en Desarrollo Social para dar de baja pensiones hasta hace poco vigentes: Que no cumplirían con ciertos requisitos. Los turnos para someterse a los análisis hoy cuentan con una planificación de un año para otro, lo cual choca directamente con la urgencia que requiere la implementación de este tipo de beneficio. Y, una vez superada esa instancia, el alta de la pensiones puede llegar a demorar casi dos años.

Hasta Clarín, que difícilmente podríamos encuadrarlo como medio “opositor” al actual gobierno, publicó el día de hoy una serie de casos en donde no correspondería la quita del subsidio.

La situación es clara: La intención de establecer un recorte sin siquiera tomarse el trabajo de hacer un estudio socio ambiental y analizar las condiciones de las personas a las cuales se les van a sacar esa pensión, que en muchos casos dependen de ese ingreso para sobrevivir.

Como jóvenes comprometidos con la realidad de nuestro Pueblo, no podemos más que ver con profunda preocupación como desde diciembre de 2015, las pensiones no contributivas dejaron de pensarse como una herramienta o un instrumento de seguridad social, para ser entendidas como una carga plausible de ser recortada. Parece más bien una decisión vinculada con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,3% de déficit fiscal, que con el “manifiesto” del Plan Nacional de Discapacidad que presentó este lunes Presidencia de la Nación y en el cual afirma que uno de cada diez argentinos tiene una limitación permanente y reconoce las dificultades para conseguir trabajo y desenvolverse en la sociedad.

Ya a esta altura no sabemos si se trata de una política de la posverdad o de simple cinismo, pero de algo estamos seguros: Nos prometieron pan, y nos dieron hambre.

JUVENTUD PERONISTA CHIVILCOY

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