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Unidad Ciudadana y PJ Cumplir: Proyecto para evitar que violentos y deudores de alimentos accedan cargos políticos

Unidad Ciudadana y PJ Cumplir: Proyecto para evitar que violentos y deudores de alimentos accedan cargos políticos

Proyecto de ordenanza para evitar que violentos y deudores de alimentos accedan cargos políticos en la función pública. Los bloques de Unidad Ciudadana y PJ Cumplir realizaron la presentación conjunta de este proyecto en una semana clave para la agenda de género a nivel nacional.

En los días previos al tratamiento en el Congreso Nacional del controversial proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, las y los concejales de Cumplir y Unidad Ciudadana, proponen una ordenanza para que aquellos que asuman funciones públicas, tanto en el Poder Ejecutivo municipal como en el Concejo Deliberante, no hayan sido denunciados por ejercer violencia de género y sean responsables frente a las obligaciones parentales de alimentos.

Desde Unidad Ciudadana señalaron al respecto que “el proyecto se crea con el objetivo de otorgar una herramienta más a las mujeres víctimas de violencia, ya que muchas veces quedan enmudecidas frente a la impunidad ejercida por la condición de poder que estos hombres ocupan en la escala social pública de nuestra ciudad.

Este momento histórico que atraviesa la Argentina amerita que aquellos que accedan a funciones públicas, puedan dar cuenta de su compromiso con este punto medular para el interés general que es la no violencia contra las mujeres.

“Desde de nuestro espacio asumimos el compromiso de construir una agenda de género que promueva la protección y la promoción de los derechos de las mujeres y esta es una iniciativa más en esta línea”. Por su parte, desde el Bloque PJ Cumplir destacaron que “a partir del 2015, con el estallido que significó el Ni Una Menos, se ha logrado ir visibilizando en Argentina la extrema violencia padecida por las mujeres, casos que vemos todos los días y que terminan engrosando las elevadísimas estadísticas de femicidios en el país.

“Este punto de partida nos obliga a redoblar los esfuerzos de todos los espacios comprometidos para buscar alternativas institucionales y efectivas para seguir creando consciencia, pero por sobre todo para erradicar las violencias contra las mujeres en todos los planos de la vida privada o pública”.

Consultados sobre la implementación de esta ordenanza, indicaron que en caso de ser aprobada, los funcionarios y concejales, deberán agregar un anexo en sus declaraciones juradas con respecto a este tema, así como también, se generarán las acciones necesarias para que desde la oficina de personal se ejerza el control necesario.

Existen registros públicos en la justicia provincial, tanto de deudores alimentarios como el de violencia. Estos registros fueron creados justamente para tener información pública sobre las situaciones de quienes se encuentran alcanzados por los distintos reproches judiciales ante la vulneración de derechos de mujeres y niños en el marco de lo dispuesto por leyes nacionales, provinciales y el nuevo código civil de la nación.

Luego, por supuesto existen mecanismos institucionales para confirmar las situaciones particulares, siendo la responsabilidad del Estado en todas sus esferas. Los procesos por violencia de género instan, por ley provincial, a la responsabilización de quien la ejerce, con lo cual, la propuesta presentada va en consonancia y es coherente con las normas y resoluciones en la materia.

De no mediar inconvenientes, este proyecto será tratado en la sesión ordinaria del próximo jueves, a lo que se sumará a otro proyecto de Unidad Ciudadana en materia de género para incorporar al régimen de licencias de empleados municipales una licencia para mujeres víctimas de violencia.