Quisiera hacer algunas consideraciones con respecto al Mapa vecinal del Delito, presentado hace unos días por nuestro Intendente Guillermo Britos.
Nuestra ciudad ha crecido, y las demandas y problemáticas sociales también. Somos más, y las realidades socioeconómicas que nos impuso el neoliberalismo se enquistaron de manera estructural. Esas políticas dejaron un tendal de conflictos sociales, los cuales hoy debemos afrontar. Una de ellos es la usurpación de viviendas.
¿Por qué digo conflicto social y no delincuencia, como el Intendente cataloga tal situación? Porque la usurpación de casas o terrenos, puede verse desde una óptica delincuencial y punitiva o desde el PROBLEMA DEL ACCESO A LA VIVIENDA. Este no es un tema chivilcoyano sino nacional y continental. Más de tres millones de viviendas es el déficit que acusan las últimas estadísticas nacionales. El acceso a la vivienda y a la tierra para construir, es un derecho negado para muchos, principalmente para las franjas de menor poder adquisitivo, pero no exclusivamente.
Esta realidad es una de las deudas estructurales de nuestra democracia que, atravesada por políticas insuficientes, de dejar al Mercado hacer y deshacer bajo sus espurios intereses, hoy nos enfrenta a estos resultados. Es justo reconocer que el anterior gobierno nacional tuvo una política activa en la materia aunque una demanda tan acuciante, hace pensar que ameritan políticas más amplias y profundas con un compromiso mayor y con funcionarios a la altura de su deber. Es cierto también que no todos usurpan, otros se refugian en el terreno del fondo de un pariente, en una pieza de prestado, en construcciones precarias o pagando alquileres cada vez más caros. De esta manera no caen en la ilegalidad aunque sí sufren, en silencio, esta realidad injusta.
Quisiera decir que yo también quiero vivir con seguridad. Como tantos otros vecinos, tengo la dicha de vivir con las condiciones básicas satisfechas, tengo un techo digno, mi profesión me permite trabajar con cierta tranquilidad y puedo proyectar mi futuro y el de mi familia. Eso da mucha seguridad. Y el temor a perderla, a veces nos paraliza y otras nos hace actuar sin pensar en nadie más que en uno y su entorno. Desde esta perspectiva, y desde el individualismo que todos tenemos, vería con beneplácito la propuesta de señalar a quienes usurpan y denunciarlos como viles delincuentes. Pero mi militancia política y social, me permite ampliar la mirada y poder ponerme en el lugar de los otros y otras que no están incluidos como tantos de nosotros. Conocer las experiencias de los vecinos para acceder a la vivienda y saber de la falta de soluciones al respecto, explica por qué cada día más familias son arrojadas a tomar la decisión de ocupar un terreno o una vivienda ajena, al costo de ser desalojados por la policía y a la vista de sus niños, como lo hemos vivido.
El alto precio de las tierras, concentradas en pocas manos, las exigencias desmedidas y los costos de las inmobiliarias son las principales causas. Así, ante la falta de un derecho garantizado, se incurre en la ilegalidad. Entonces es bueno detenerse aquí y reflexionar. ¿Son estas familias delincuentes y merecen la estigmatización por parte de la sociedad? Animémonos a mirar de cerca la situación y rompamos la lógica del prejuicio, de la mirada simplista y de la fragmentación a la que nos someten. Son nuestros vecinos, son familias, son personas como cualquiera de nosotros.
Cuando compartimos en el 2013 un acampe junto a diez familias por este tema, conocimos de cerca sus historias. Las viviendas que ocuparon, muchas sin terminar (y hubo quienes tuvieron que pagar a ocupantes anteriores para poder instalarse allí), fueron arregladas, pintadas, terminadas, se taparon pozos abiertos, se plantaron árboles. En las paredes colgaron las fotos de sus hijos, en los ambientes colocaron muebles empotrados y en los patios pusieron hamacas como lo haríamos cualquiera de nosotros en nuestra casa. Jamás especularon con la vivienda, la hicieron propia y la defendieron como tal. Entonces uno entiende que verdaderamente todas y cada una de las familias necesitamos un hogar, una casa donde refugiarnos de las inclemencias del tiempo, donde criar a nuestros hijos, donde anidar y desarrollar un proyecto de vida. Esto es esencial para entender desde lo esencial, por qué la vivienda es un derecho humano y debe estar garantizado por el Estado como reza nuestra constitución Nacional en el Art. 14bis y la Provincial en el Art. 36, inciso 7.
Invirtamos la lectura. Es decir, si la vivienda es un derecho, deberían revisarse las políticas estatales y la lógica mercantil que impone el mercado inmobiliario. Ellos son quienes especulan todo el tiempo con la vivienda y el suelo, alejando de la posibilidad de acceder a estos, a millones de personas. Por lo tanto ahora sí podríamos preguntarnos quién es víctima y quien victimario.
Desde Patria Grande ponemos humildemente, nuestro esfuerzo y experiencia, a disposición del municipio para trabajar mancomunadamente entre organizaciones sociales, vecinos y Estado y poder hacer uso de las herramientas que nos proporciona la ley Provincial nº 14.449 de Acceso justo al hábitat la cual el Intendente debe conocer y la que le permitirá, desde la autoridad que le compete generar políticas al respecto.
Por ultimo queremos decir que desde nuestro espacio hemos hecho bandera de la PARTICIPACION COMUNAL. Festejamos que se la quiera implementar y que se forme un área al respecto, pero no nos pidan que señalemos a nuestros vecinos, a sus familias y a sus hijos si se encuentran en situación de ilegalidad con respecto a la vivienda. Trabajemos como COMUNIDAD, démosle sentido a esa hermosa palabra y encontremos las formas, con creatividad e imaginación para aplicar políticas concretas que amplíen derechos y que no fragmenten más a nuestra sociedad.
Arq. Ezequiel Caselles | Patria Grande Chivilcoy
